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¿Qué es y para qué es el juicio de amparo?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en virtud de ser el texto normativo de más alto rango en nuestro país, mediante el cual se fundamentan todas y cada una de nuestras leyes, instituciones, reglamentos, disposiciones, normas jurídicas, políticas públicas y actos de autoridad, resulta evidente que existan mecanismos y procedimientos que permitan proteger y garantizar su cumplimiento.

A estos mecanismos y procedimientos se les conoce como medios de control constitucional. Estos son:

  1. El juicio de amparo (Arts.  103 y 107 de la CPEUM);
  2. Las controversias constitucionales (Art. 105 frac. I de la CPEUM);
  3. La acción de inconstitucionalidad (Art. 105 frac. II de la CPEUM); y
  4. Las impugnaciones constitucionales en materia electoral (Arts. 99 y 105 frac. II inciso f) de la CPEUM).

Cabe destacar que nuestra Constitución no solo se encarga de estructurar y organizar al Estado mexicano, o delimitar las funciones y atribuciones de nuestras autoridades e instituciones; sino que también reconoce los derechos humanos de todas las personas físicas y morales que se encuentran dentro del territorio nacional, obligando a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar el goce y ejercicio de estas prerrogativas.

No obstante, debido a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, hoy en día nuestro “catálogo” de derechos humanos se ha extendido a aquellos derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

Por lo anterior, la importancia que tienen los medios de control constitucional en la protección y defensa de los derechos humanos y; en específico, el juicio de amparo es el mecanismo que, por excelencia, tienen a su disposición los seres humanos, sociedades y asociaciones para exigir la protección del Estado mexicano ante cualquier vulneración a sus derechos humanos, cometida por la entrada en vigor de normas generales, por actos u omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales.

El juicio de amparo es un proceso jurisdiccional que puede iniciar una persona física o moral ante un tribunal federal, en contra de los actos u omisiones de una autoridad o de la entrada en vigor de una norma general que se estima vulneran uno o varios derechos humanos y sus garantías reconocidas en nuestra Constitución o en los tratados internacionales de los que México sea parte; esto con el propósito de dejar sin efectos para el gobernado, las normas generales, actos u omisiones que se declaren ilegales e inconstitucionales.

Del mismo modo, puede ser objeto del juicio de amparo, la invasión de competencias entre autoridades federales, estatales y/o municipales; como ocurre en la determinación y cobro de contribuciones de carácter federal, realizadas por las autoridades tributarias de alguna de las entidades federativas o de la Ciudad de México.

Ahora bien, es importante mencionar que existen dos tipos de juicio de amparo:

Este tipo de juicio procede en contra de sentencias definitivas, laudos y otras resoluciones que le pongan fin a un juicio, es decir, tiene lugar en aquellas controversias de carácter jurisdiccional.

Para interponer este tipo de amparo, el gobernado tiene que cerciorarse de que se han agotado todos los incidentes y recursos que la ley establece para impugnar la resolución emitida por la autoridad.

Por ejemplo, tratándose de una controversia entre un patrón y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por la determinación de un crédito fiscal que se considera inexistente, antes de que el patrón interponga el juicio de amparo directo, tendría que someterse a un procedimiento contencioso administrativo para atacar la resolución del IMSS, así como haber agotado aquellos recursos que prevé la Ley del Seguro Social (LSS) y demás disposiciones en materia de seguridad social. 

De esta manera, el juicio de amparo directo es considerado como un recurso extraordinario distinto de aquellos previstos en la ley que rige el acto de autoridad, el cual da al gobernado una oportunidad más para exigir la modificación o revocación del acto que afecta su esfera jurídica.

Este tipo de juicio procede en contra de normas generales, actos y omisiones de la autoridad que no sean estrictamente jurisdiccionales.

Asimismo, entre las normas generales quedan comprendidos los tratados internacionales de los que México sea parte, las leyes federales, estatales y de la Ciudad de México; las constituciones de las entidades federativas y de la Ciudad de México, los reglamentos federales y locales, decretos, acuerdos y demás resoluciones de observancia general.

Debido a que no pretende impugnar una resolución definitiva, el amparo indirecto puede promoverse estando dentro o fuera de un juicio.

Las personas físicas y morales podemos interponer este tipo de amparo cuando la ley no prevé ningún recurso o procedimiento para atacar el acto de autoridad o; previéndolos, nos permite abstenernos de accionarlos e iniciar inmediatamente el juicio de amparo.

A manera de ejemplo, si el Senado de la República aprueba un tratado internacional que obliga a México a aumentar los requisitos aduanales para que las empresas mexicanas puedan exportar sus productos o servicios a un país determinado, estas empresas pueden interponer el juicio de amparo indirecto.

Como puede observarse, el juicio de amparo permite que el gobernado pueda exigir que cualquier acto de autoridad sea acorde con los principios y derechos consagrados en nuestra Constitución. Sin embargo, para promover el amparo, el gobernado tiene que identificar claramente las circunstancias especiales de cada caso; que estas cumplan con los requisitos previstos por las disposiciones establecidas para el caso en concreto, así como por lo dispuesto en la Ley de Amparo. Lo anterior, con el propósito de que los particulares puedan accionar el proceso adecuado o, en su defecto, los tribunales federales sobreseerán el juicio y permanecerán los efectos de la norma general, acto u omisión de la autoridad.

En cualquier supuesto, y siguiendo el objeto que persigue el juicio de amparo, es indispensable que los particulares demuestren que existe la vulneración a uno o varios derechos humanos reconocidos en la Constitución y/o en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Debido a su propia naturaleza jurídica, el juicio de amparo se ha convertido en un mecanismo que permite a los particulares exigir la protección y defensa de sus derechos humanos y garantías ante cualquier autoridad e institución, y en cualquier materia, sea ésta de carácter civil, mercantil, penal, laboral, fiscal, administrativo, seguridad social, entre otras.

A partir de la reforma de 2011, tanto las personas físicas como las morales tienen la potestad de promover el juicio de amparo. Lo anterior implica que las empresas también puedan ostentarse como titulares de derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional, como pueden ser el acceso a la justicia, el debido proceso, la seguridad jurídica, la legalidad, la propiedad, la libertad de expresión, entre otros.

Así, en su objetivo por mantener el orden constitucional, el juicio de amparo se ha convertido en un mecanismo que establece un equilibrio entre desiguales, es decir, entre la autoridad y el gobernado.

Autor

  • Christian Chávez Chimecatl

    Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2021. Con dos años de experiencia profesional en derecho corporativo, laboral, fiscal, civil, mercantil, propiedad intelectual y protección de datos personales; así como con interés y formación en materias de derechos humanos, constitucional y amparo.